Vigente desde el 24 de febrero de 2026, la Disposición 2/2026 emitida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), establece un Procedimiento de Mediación Administrativa Voluntaria cuyo objetivo es establecer una instancia técnica y gratuita para resolver las controversias tarifarias entre sociedades de gestión colectiva y usuarios.
¿Qué regula la Disposición 2/2026?
La norma establece un marco para que usuarios, cámaras sectoriales y sociedades de gestión colectiva puedan negociar los aranceles por el uso de obras protegidas en un entorno institucional.
Este proceso se rige por cinco pilares que garantizan la equidad: voluntariedad, gratuidad, imparcialidad, confidencialidad y celeridad. Se trata de una vía administrativa alternativa y no jurisdiccional que coexiste con la mediación prejudicial obligatoria, pero destacándose por su enfoque técnico y especializado.
Puntos claves del nuevo procedimiento
- Legitimación para Cámaras: Una de las mayores ventajas de esta herramienta es que permite a las cámaras sectoriales negociar aranceles generales para todo un sector, evitando que cada usuario deba enfrentar negociaciones de manera individual.
- Virtualidad y Agilidad: Las audiencias se realizarán principalmente por videoconferencia, facilitando la participación federal. Además, el proceso no podrá exceder las tres audiencias, salvo excepciones acordadas.
- Gratuidad: A diferencia de otros métodos de resolución de conflictos, este trámite es totalmente gratuito para las partes.
- Voluntariedad: La comparecencia es voluntaria. Si el requerido no asiste, el solicitante puede cerrar el proceso o pedir nueva fecha.
- Efectos: En caso de acuerdo sólo surte efectos entre las partes intervinientes. Una vez cerrada la mediación, no se puede iniciar otro procedimiento de este tipo por el mismo objeto y entre las mismas partes, a menos que surjan circunstancias nuevas.
Dinámica y reglas de las audiencias
El procedimiento se inicia con la presentación de un formulario digital a través del sitio web de la DNDA. Una vez admitida la solicitud, se designa un mediador especializado.
Es importante destacar que el mediador podrá requerir asistencia técnica de agentes de la DNDA, cuya colaboración se limitará exclusivamente a aclarar el marco normativo aplicable, asegurando que la discusión se mantenga dentro de los parámetros legales de la propiedad intelectual.
Si bien la asistencia de abogados no es obligatoria, dada la complejidad de los derechos conexos y las fórmulas de cálculo arancelario, el asesoramiento técnico-legal resulta altamente recomendable para proteger los activos intangibles o los intereses económicos de la empresa.
Esta nueva instancia representa una oportunidad para sanear controversias entre usuarios y gestores de derechos mediante el diálogo técnico y el consenso, con potencial para reducir litigios y ordenar conflictos tarifarios dentro del ámbito administrativo.
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