Durante los períodos 2023-2024 se han presentado diversos proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina que se encuentran en etapa de debate en comisiones y que abordan distintos desafíos que presenta la inteligencia artificial. Se requiere que una mayoría de los legisladores que integran las comisiones voten a favor de una redacción para que esta pase a ser debatida en el plenario de la cámara correspondiente.
Los proyectos bajo debate reconocen como principios rectores la gestión responsable, la transparencia, la seguridad y la protección de los usuarios y sus datos personales.
Algunas de las propuestas legislativas pretenden traducir estos principios en aspectos puntuales, como incorporar sellos de agua o leyendas en contenidos generados por inteligencia artificial (proyecto de los senadores Juez y Huala) o reformar el Código Penal para penar la divulgación de materiales que contengan imágenes de abuso sexual infantil generadas por inteligencia artificial (proyectos de los diputados Lospennato y Brügge).
Otros legisladores plantean abordajes comprensivos del fenómeno, inspirados en el AI Act de la Unión Europea. En esa línea, proyectos como los de los legisladores Brügge, Ávila o Romero clasifican a los sistemas de inteligencia artificial según su grado de riesgo y prohíben ciertos casos de uso de estos sistemas.
Dentro de las prácticas prohibidas en los proyectos de Brügge y Romero se encuentran a) la manipulación del comportamiento que pueda causar o exponer a una persona a daños, b) el establecimiento de sistemas de puntuación social que resulten en tratos desfavorables o negación de derechos a los interesados, y c) realizar identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, salvo ante ciertas excepciones como la búsqueda de prófugos y víctimas concretas o la prevención de atentados terroristas. Respecto a estas excepciones, el proyecto del diputado Brügge resulta mucho más restrictivo que el del senador Romero, e incluso que la norma de la Unión Europea, dado que requiere de una autorización judicial previa.
A pesar de que varios de los legisladores se han inspirado en el marco normativo europeo, encontramos discrepancias preocupantes en lo que respecta al enfoque basado en riesgos. Mientras que la AI Act clasifica los sistemas de inteligencia artificial y aplica obligaciones proporcionales a su nivel de riesgo, gran parte de los proyectos presentados en el Congreso parecen ignorar estas clasificaciones a la hora de imponer obligaciones tanto a desarrolladores como a los usuarios de inteligencia artificial. Por ejemplo, los proyectos de los legisladores Brügge, Ávila y Romero establecen el registro ante la autoridad de control y/o la realización de una evaluación de impacto como requisitos obligatorios para todos los sistemas, sin considerar el nivel de riesgo específico de cada uno. Esto resulta alarmante, ya que los costos regulatorios innecesarios pueden actuar como un freno considerable a la innovación y al progreso, lo que resulta doblemente gravoso para economías en desarrollo. La aplicación de requisitos regulatorios de manera indiscriminada a nuevos emprendimientos que integran inteligencia artificial, sin un criterio adecuado, puede resultar en cargas financieras prohibitivas e innecesarias, afectando a proyectos en los que el uso de estas tecnologías no representa un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos. Regulaciones de esta clase incluso pueden perjudicar a la población, limitando su acceso a desarrollos beneficiosos que no conllevan peligros relevantes.
A la problemática detallada anteriormente, se le suma la dificultad de dotar a las autoridades de control que proponen varios de estos proyectos de ley de los recursos técnicos, humanos y económicos para poder cumplir las funciones que se les otorgan, particularmente en lo vinculado a la supervisión y auditoría continua de los sistemas de IA.
En este marco, resulta interesante mencionar el proyecto del diputado Yeza. Desde una concepción distinta a la de la AI Act europea, Yeza propone la creación de un sistema de sandbox regulatorio, el cuál consistirá en entornos de prueba para el desarrollo de emprendimientos que apliquen inteligencia artificial y/u otras tecnologías emergentes a soluciones “(…) en sectores clave como salud, educación, seguridad, agroindustria, entre otros (…)”. El proyecto de ley prevé el monitoreo de los desarrollos, con el fin de evaluar su funcionamiento, su impacto en los interesados, su viabilidad para ser implementado a gran escala y la necesidad de flexibilizar y/o adaptar el marco regulatorio existente para permitir su puesta en marcha.
Sin lugar a duda la cantidad de proyectos presentados en el Congreso refleja un interés genuino por parte de varios legisladores en promover el uso y desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial, mitigando los riesgos para las personas y la sociedad, tales como la desinformación, los sesgos, la afectación de los derechos fundamentales como la privacidad o la intimidad, los potenciales daños al medio ambiente, o a la democracia, entre otros. Si bien algunas de las propuestas presentan ciertos enfoques cuestionables y plantean serios desafíos en su implementación, es evidente que pueden ser optimizadas en el marco de un debate constructivo y serio en el seno del Congreso, que involucre a todas las partes interesadas. Esto abarca no sólo a las empresas de tecnología, sino también a la sociedad civil, expertos en la materia, profesionales de la privacidad y derechos humanos, así como a académicos y representantes de comunidades afectadas.
Esperamos que los próximos años sean testigo de debates profundos e inclusivos, en los que todas las voces sean consideradas, con el fin de establecer un marco regulatorio que considere las necesidades específicas de nuestra región y, en particular, de nuestro país. Este marco debe equilibrar el desarrollo tecnológico, la innovación, la competencia, la protección de los derechos y libertades de las personas, los principios éticos y la democracia. En ese orden de ideas, proyectos como el sandbox regulatorio del diputado Yeza resultan interesantes como una oportunidad para fomentar el diálogo de múltiples partes interesadas y permitir a las autoridades de control tener una mejor comprensión del fenómeno a regular.
